La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) aprobó este miércoles (28) una norma que vuelve obligatoria la validación por biometría facial para registrar o mantener activas las líneas de celular en el país. En la práctica, todo ciudadano que tenga un número móvil asociado a su CPF (registro de contribuyente) deberá entregar la imagen de su propio rostro — con “prueba de vida” — para seguir usando el servicio. Quien no haga el nuevo registro tendrá la línea suspendida y, después, cancelada a partir de enero de 2029.
La justificación oficial es combatir el fraude: según la agencia, la Norma Técnica GT-SEG.2026.11 busca dificultar la habilitación de líneas con datos falsos o a nombre de terceros. La medida llega en un momento de explosión de las estafas digitales en el país. Pero el camino elegido abre un nuevo y grave frente de riesgo para millones de brasileños: la concentración del dato más sensible que posee una persona — su propio rostro — en una base de datos más, expuesta a filtraciones.
Cómo funcionará
Según el texto aprobado, el cliente pasará por reconocimiento facial con prueba de vida, y la imagen será comparada con bases de datos públicas o privadas ya existentes. El procedimiento podrá hacerse por la aplicación de la operadora o de forma presencial en las tiendas. Anatel afirma que habrá procedimientos alternativos para quienes no logren completar el reconocimiento facial.
La implementación será gradual. Las nuevas líneas prepago deberán pasar por la validación hasta el 30 de septiembre de 2027. Para nuevas líneas pospago, portabilidad, cambio de chip y modificaciones de registro, el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027. Los usuarios que ya tienen línea y aún no fueron validados deberán registrarse nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2028.
El mismo rostro que abre la cuenta bancaria
El punto más delicado de la nueva regla es que la biometría facial ya se ha convertido en la principal llave de acceso a la vida financiera y digital de los brasileños. Un estudio de Deloitte con Febraban señala que el 75% de los bancos del país usa reconocimiento facial para identificar a sus clientes. El rostro también se usa para entrar en gov.br, autorizar transacciones, liberar jubilaciones del INSS y acceder a edificios residenciales.
Es decir, la misma característica física que ahora exigirán las operadoras de telefonía es la que desbloquea cuentas bancarias, préstamos, beneficios sociales y datos de salud. Cada nueva empresa u organismo que recoge y almacena esta información es una puerta más por donde puede escaparse — y el celular es justamente el aparato usado para recibir códigos de seguridad y confirmar operaciones financieras.
El Instituto de Defensa de los Consumidores (Idec) alerta sobre este riesgo desde hace años. El abogado Lucas Marcon, del programa de Telecomunicaciones y Derechos Digitales de la entidad, ya afirmó que, si se filtra el dato biométrico de alguien, todos los lugares donde esa persona tiene registro biométrico quedan vulnerables. El Idec llegó a notificar a Dataprev contra el uso de reconocimiento facial mientras no se resolvieran las sucesivas filtraciones de datos de jubilados y pensionistas del INSS.
Las filtraciones no son una hipótesis
El historial brasileño de protección de datos no inspira confianza. Bases de organismos públicos y de grandes empresas han quedado expuestas repetidas veces en los últimos años, alimentando estafas, acoso por créditos con descuento en nómina y fraudes de identidad. En 2020, investigadores de Safety Detectives informaron haber encontrado en un servidor de una empresa de identificación biométrica información vinculada a huellas digitales de decenas de miles de brasileños — la empresa lo negó y afirmó que se trataba de un entorno de pruebas.
La Ley General de Protección de Datos (LGPD) clasifica la biometría como dato personal sensible, que exige cuidados redoblados. Aun así, la norma de Anatel no detalla públicamente quién guardará las imágenes recogidas, por cuánto tiempo, con qué nivel de cifrado ni quién responderá en caso de filtración. Tampoco está claro si la comparación con “bases de datos privadas” significa que operadoras y empresas tercerizadas tendrán acceso a esos registros.
El uso de la biometría por gobiernos o empresas, sea cual sea su finalidad, es extremadamente sensible y debe tratarse con el máximo rigor. La biometría es un dato permanente. Si roban una contraseña, basta con crear otra. Si roban la biometría, no hay forma de crear una nueva: el rostro, la huella digital y el iris son la propia identidad física de la persona. Una vez filtrados, el daño es para toda la vida.
Combatir las estafas es necesario, pero convertir el rostro de más de 200 millones de brasileños en requisito para mantener un celular funcionando, sin garantías claras de almacenamiento, auditoría y responsabilización, es trasladar el riesgo al ciudadano. Medidas como esta deberían venir acompañadas, como mínimo, de alternativas reales y accesibles para quienes no quieran entregar su biometría, transparencia sobre dónde quedan los datos y sanciones severas para quienes permitan filtraciones.
Lo que dice Anatel
En un comunicado, la agencia informó que la propuesta fue elaborada por el Subgrupo Técnico de Enfrentamiento de Fraudes y Estafas (SGT-Fraudes) y aprobada por consenso, con el objetivo de reforzar la seguridad de los registros de telefonía móvil.
Imagen ilustrativa generada por IA.